¿Y cómo nos afecta?
De aplicar las nuevas restricciones a las facultades reglamentarias de las autoridades electorales en las entidades que plantea el Plan B, se provocaría un retroceso en varias conquistas de los derechos políticos adquiridos por grupos históricamente excluidos que han sido promovidos y garantizados mediante reglamentos emitidos por los institutos estatales del país, produciendo resultados concretos: en las elecciones locales celebradas de 2018 a la fecha, más de la mitad de las candidaturas registradas han sido para mujeres. Cinco entidades tienen hoy congresos con más del 60% de mujeres diputadas.
Las medidas afirmativas, normadas e instrumentadas por las autoridades electorales, también han resultado eficaces para promover y garantizar los derechos políticos de participación y representación a comunidades en desventaja histórica: a nivel federal, en las pasadas elecciones, por primera vez once mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero lograron ganar una diputación federal gracias a las medidas que aprobó el INE y confirmó el TEPJF. También los pueblos originarios han visto reconocidos sus derechos políticos al ganar veintiún distritos federales considerados indígenas. Ahora, el nuevo texto legal señala que “los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos 5% de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y residentes en el extranjero”. Esto quiere decir que, para las elecciones de diputaciones federales, en lugar de los veintiún distritos indígenas ya reconocidos y las once diputaciones migrantes, ahora los partidos estarán obligados a postular solo veinticinco candidaturas para todos los grupos por cualquiera de los dos principios.
En lo inmediato, estas limitaciones a las facultades reglamentarias de las autoridades electorales dejan al INE y los OPL maniatados para actuar en favor de los derechos que garantiza la Constitución, además de que ponen un freno a los trabajos realizados y a los que están en curso. En Jalisco, por ejemplo, nos encontramos ahora mismo en la realización de las consultas a personas indígenas y con discapacidad para la emisión de medidas afirmativas de cara al proceso electoral 2023-2024. Una obligación del estado mexicano que, por cierto, la reforma ignora.
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