El Tribunal Electoral frente a las políticas del reconocimiento: el caso de la diputación migrante

México es un país migrante. Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) para el año de 2017, vivían fuera del país 11,848,537 mexicanos, de los cuales el 97.23 % radica en los Estados Unidos y de ellos el 5.6 %, es decir, 44 574 personas son originarias de Ciudad de México. El vínculo de esas personas con su país no se rompe al cruzar la frontera.

La estrecha relación entre los migrantes y su país de origen hacen de México un país plural, lo que resulta en una gran riqueza cultural y en un reto para las autoridades mexicanas que deben promover medidas de integración y de defensa de los derechos políticos y electorales de los mexicanos que viven en el exterior.

Teniendo en cuenta esta complejidad social, el Congreso de CDMX incorporó en 2017 la figura de la diputación migrante para implementarla en el proceso electoral 2020-2021. Sin embargo, a finales de 2019 esta misma institución retrocedió y aprobó un decreto que eliminaba ese derecho. Recientemente, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentamos la necesidad de discutir esta figura, por lo que a continuación compartimos algunas de las conclusiones a las que se llegaron.

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